El Tribunal Constitucional ha establecido que todos los extranjeros que se encuentran en España, incluidos aquellos que lo hacen de forma ilegal, tienen derecho a disfrutar de las libertades públicas recogidas y protegidas por la Constitución. Así lo hace constar en una sentencia por la que declara nulos tres artículos de la Ley de Extranjería aprobada en diciembre de 2000, en concreto los que condicionan los derechos de reunión, manifestación y sindicación de los inmigrantes a que hayan obtenido previamente autorización para residir en España.