El acuerdo fue definido como “ejemplar” por todas las partes, debido al consenso alcanzado entre dos administraciones de distinto color, junto con asociaciones e instituciones del ámbito inmobiliario: “Cuando todos, incluidas administraciones públicas de distintos colores, trabajamos juntos, nuestras medidas son mucho más eficaces en beneficio de los ciudadanos a quienes nos debemos. Este acuerdo es un buen ejemplo y abre el camino. Estamos demostrando que sí es posible el consenso. Es un camino en el que merece la pena profundizar”, aseguró la ministra, un extremo en el que coincidió con el jefe del Ejecutivo regional.

La situación de crisis que afecta a la economía y en concreto al sector inmobiliario ha motivado la celebración de este acuerdo, para compensar el descenso de la demanda en la compra del viviendas de nueva construcción, y que lleva a un importante número de inmuebles sin habitar, alrededor de 40.000 en la Comunidad –de las que 30.000 son susceptibles de convertirse en VPO-.

Desde el punto de vista social, más de 30.000 familias podrían acceder a una vivienda y, desde el panorama económico, esta situación de inmovilización provoca que más de 5.250 millones de euros permanezcan inmovilizados. Por otra parte, en referencia al empleo, los firmantes consideran que es complicado reactivar un sector como el de la edificación promoviendo obra nueva, en tanto no se movilice el amplio excedente existente.

Asimismo, recordar que se trata de un convenio que se encuadra en el marco del Diálogo Social, cuyos integrantes decidieron establecer el 13 de julio de 2009 los criterios para la conversión de este ‘stock’, ya que es esencial para una eficaz puesta en marcha del acuerdo la formación de un convenio de colaboración entre todos los agentes implicados en el sector de la construcción.

Por este motivo, en la firma de hoy, que acogió el Centro Cultural Miguel Delibes, estaban presentes, además del consejero de Fomento, Antonio Silván; el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Miguel Ángel García Nieto; el de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, Emiliano Alonso; los presidentes de Caja España y Caja Duero, Santos Llamas y Julio Fermoso, respectivamente, así como representantes de otras entidades financieras colaboradoras, como el Banco Santander, La Caixa y el BBVA, responsables del Colegio de Notarios, del Decanato de Registradores y el Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León.

Características de las viviendas

Según el acuerdo, serán libres de nueva construcción, las viviendas ubicadas en Castilla y León de primera ocupación que se encuentren en venta y que puedan ser susceptibles de ser calificadas como VPO, siempre que los promotores de los imbuebles así lo deseen. Las mismas tendrán que cumplir los requisitos establecidos para ser calificadas como viviendas protegidas, especialmente en cuanto a superficie, calidades y precio que, tanto para venta como para alquiler, se limitará al precio máximo de vivienda protegida según los ámbitos municipales. Al menos una cuarta parte de las viviendas ofertadas lo será en régimen de alquiler o alquiler con opción de compra.

Como en todas las VPO, los adquirientes y arrendatarios deberán cumplir una serie de condiciones de acceso, como no ser titulares de otras viviendas, estar inscritos en el Registro de Demandantes y tener unos ingresos máximos.

Éstos son, para las viviendas del régimen especial, de 2,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), situado en 7.455,14 euros); de 4,5 por IPREM, para las de régimen general (vivienda usada); de 7 por IPREM, para las de régimen concertado; y de 6,5 por IPREM, para las viviendas jóvenes y familias.

Compromisos

Cada una de las administraciones y entidades firmantes se comprometen, en base al acuerdo, a desarrollar una serie de compromisos. Así, el Ministerio aportará los recursos económicos previstos en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, autorizará la concesión de préstamos hipotecarios y ayudas económicas correspondientes e impulsará la línea ICO- Cobertura de Vivienda protegida, por la que, con cargo a su presupuesto, comparte con bancos y cajas el 50 por ciento del riesgo de cada nueva hipoteca que concedan para la adquisición de viviendas protegidas, según explicó hoy la ministra.

Este Plan contempla ayudas para familias con ingresos anuales de hasta 50.600 euros anuales. En función de las rentas y circunstancias familiares pueden llegar a los 13.000 euros para el pago de la entrada de una vivienda protegida y una subvención para la hipoteca. Para quienes opten por el alquiler la ayuda puede alcanzar 3.200 euros anuales y se permite compaginar la Renta Básica de Emancipación de 210 euros para los jóvenes con la residencia en una vivienda protegida en régimen de alquiler. Estas ayudas pueden ser complementadas por la Junta de Castilla y León.

Por su parte, la Junta, a través de la Consejería de Fomento, contribuirá con los recursos económicos necesarios para la consecución del objeto del acuerdo. Realizará las gestiones precisas para la venta o alquiler de las viviendas, garantizando los derechos de adquirentes y arrendatarios y facilitará e impulsará la línea de avales para hipotecas destinadas a la compra de vivienda joven y vivienda de precio limitado para familias. Por otro lado, será la administración encargada de tramitar y resolver la calificación o declaración, siempre que se cumplan los requisitos, así como de las solicitudes de visados de los contratos y de los reconocimientos de las ayudas que pudieran corresponder a adquirentes o a arrendatarios.

Además, al igual que el Ministerio, la Consejería pone a disposición de los arrendatarios y adquirientes de las viviendas líneas de ayudas mediante la concesión de subvenciones directas, financiadas en forma de avales y beneficios fiscales, entre los que destaca la posibilidad de ayudas a la compra de hasta 18.000 euros, ayudas al alquiler de hasta el 40 por ciento de la renta, con un máximo de 240 euros al mes, avales para garantizar el préstamo destinado al pago de la aportación inicial en concepto de entrada, y beneficios fiscales en el tramo autonómico del IRPF, del Impuesto de Transmisiones Patrimonial (ITP) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Asimismo, la FRMP colaborará en el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación del convenio y trasladará a las entidades locales y a los ciudadanos la información necesaria en relación con el acuerdo. La Confederación Castellano-Leonesa de la Construcción incluirá las viviendas del ‘stock’ y solicitará su calificación en alguna de las tipologías de VPO. También, remitirá a la Consejería de Fomento la relación de las viviendas que ponen a disposición con las características de cada una.

Igualmente, las entidades financieras facilitarán a los compradores, dentro de su evaluación de criterios de riesgo, la financiación previamente reconocida por la Consejería de Fomento. Si la entidad financiera aporta viviendas para su calificación o declaración de actuación protegida asumirá las obligaciones establecidas para los promotores.

Los notarios y registradores de la propiedad recortarán sus honorarios un 40 por ciento por la formalización e inscripción de la transmisión y los relativos a los préstamos hipotecarios correspondientes en este acuerdo. Si la vivienda fuera calificada como vivienda de protección pública, se aplicarán los aranceles notariales previstos en la normativa vigente. En las escrituras públicas que se formalicen y en la publicidad registral constará la mención de que la vivienda está incluida en el convenio.

Por último, los gestores administrativos colaborarán en el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación del acuerdo, ya que también reducirán en un 40 por ciento sus tarifas de gestión y tramitación de los documentos relativos a primera transmisión o adjudicación y a los préstamos hipotecarios correspondientes. Para el seguimiento del acuerdo se crea una Comisión con un representante por cada parte firmante, así como un responsable de la Comisión de Vivienda del Diálogo Social (UGT, CCOO, Cecale y Dirección General de Vivienda). Tendrá como cometido programar actuaciones, toma de decisiones y gestión de actividades, entre otras.