Los jóvenes, con una tasa de paro del 40%, y el empleo temporal, que afecta a tres de cada 10 ocupados, centran la reforma laboral. Descartada la creación de un nuevo contrato para luchar contra la crisis, la negociación se encamina a retocar las dos modalidades -formación y prácticas- destinadas a los trabajadores de menor edad y a incentivar a las empresas para que transformen colocaciones con fecha de caducidad en indefinidas. Las reuniones se celebran con suma cautela y lo más alejadas posible de los medios de comunicación. Los interlocutores -Gobierno, patronales y sindicatos- aseguran que el acuerdo es posible. El Ejecutivo ha puesto como fecha tope para el entendimiento el 30 de abril. «A partir de entonces, si la confrontación persiste, actuaremos», mantienen miembros del Gabinete.

La mesa de negociación busca, pues, acotar los contratos temporales a tareas de duración determinada, un objetivo perseguido sin éxito desde hace décadas. El camino emprendido da una vuelta jurídica a la regulación de esos contratos para evitar su uso incorrecto, impedir su encadenamiento y subir la indemnización por despido, situada en ocho días por año de servicio. Los cambios también pasan por recuperar las bonificaciones para la conversión de empleo temporal en indefinido, medida que se aplicó durante el segundo semestre del 2006 con resultados muy positivos.

El contrato de fomento del empleo, de carácter estable, creado por consenso en 1997, se enganchara a esos beneficios. A la vez se universalizara su aplicación. Hasta el momento está prohibido para los varones mayores de 30 años de edad y menores de 45. Su principal ventaja es que conlleva un despido improcedente más barato que el indefinido ordinario. El coste es de 33 días por año de antigüedad, con un máximo de 24 mensualidades.

Las patronales CEOE y Cepyme, además de obtener beneficios por la transformación de colocaciones eventuales en fijas, verán cómo sale adelante la regulación de las agencias privadas de recolocación con ánimo de lucro, que pondrá fin a la intermediación gratuita, desarrollada por los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem) y con mayor presencia de las empresas de trabajo temporal, cuya actuación no está permitida en las administraciones publicas y ni en la construcción. Ambas cuestiones son antiguas demandas empresariales que por fin van a ver la luz si el actual proceso de diálogo social concluye con acuerdo.

Para sacar del pozo laboral en el que se encuentran a alrededor de 600.000 jóvenes con nivel educativo bajo, procedentes del fracaso escolar, los interlocutores modificarán el contrato de formación. Fuentes próximas a la negociación explicaron que se trata de un colectivo tan grande que no hay capacidad para el reciclaje. «Urge la inserción», señalaron.