Durante su comparecencia en la Cámara Baja para exponer las conclusiones del IV Informe 'La acción social ante la crisis' del Observatorio de la Realidad Social, Mora explicó que el año pasado la ONG atendió a 800.000 personas en todo el territorio peninsular, elevándose la demanda de ayuda a causa de la coyuntura económica.

En este sentido, el informe, que Cáritas hizo público el pasado diciembre, reflejaba que el número de solicitantes de ayuda social a través de los servicios de Acogida y Asistencia de la organización se duplicó en dos años por efecto de la crisis, pasando de 400.000 en 2007 a 600.000 en 2008 y 800.000 demandantes, un año después.

Las necesidades básicas más requeridas fueron: alimentación, vivienda, empleo, acompañamiento sobre asuntos legales y extranjería, y apoyo psicológico. Los colectivos más atendidos fueron jóvenes en situación de desempleo, parados mayores de 45 años o con baja cualificación, familias jóvenes con niños y mujeres con cargas familiares.

Por otra parte, Cáritas constató que la mayor parte de ellos no percibían renta alguna en el momento de solicitar la ayuda y denunció que los servicios sociales de las administraciones públicas no cubrían en aquel momento muchas de las necesidades básicas de estas personas.

EL ESTADO, LENTO ANTE LAS EMERGENCIAS

Asimismo, el informe achacaba la lentitud o falta de respuesta de los servicios sociales públicos ante situaciones de emergencia. "Esta demora lleva como consecuencia que Cáritas asuma la cobertura inmediata de las necesidades urgentes de estas personas y familias, e incluso el adelanto de cantidades que vayan a ser concedidas por los servicios públicos", recogía.

En lo que respecta a la tramitación de la renta básica o mínima de inserción, el tiempo medio que transcurría en 2009 entre la solicitud y el cobro efectivo de la misma era de 113 días, mientras que en 2008 era de 98. A pesar de esta situación, la organización reconoce que en algunos territorios se están tomando medidas para mejorar la agilidad en la tramitación.

Según manifestó el secretario general de Cáritas, la crisis "no es sólo económica, sino moral", al tiempo que auguró "una resaca larga", sobre todo, para los más desfavorecidos. Además, advirtió de que la ONG "no puede sustituir al Estado en sus obligaciones".