Se trata principalmente de varones que la emprenden contra la madre, a fin de que adopten medidas para agilizar estos procesos en el ámbito judicial y responder a las familias también desde un punto de vista social.

En el documento, de 36 folios, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, asegura que "en el ámbito del Derecho penal juvenil los malos tratos familiares protagonizados por los menores están proliferando últimamente de forma que, como mínimo, cabría calificar de preocupante". Un maltrato más relacionado con "deficiencias del proceso educativo" que con situaciones de marginalidad.

De hecho, señala que "no se trata de un fenómeno asociado exclusivamente a las denominadas 'broken families' ni a familias desestructuradas" de modo que "no es infrecuente" que el menor maltratador esté integrado en "familias con nivel económico y social medio alto".

Así, explica que si bien desde un punto de vista sociológico estas conductas se asocian a familias monoparentales en las que el menor se ha criado con la madre, "hacia la que adopta posturas patriarcales y machistas", en los últimos tiempos se está detectando "una evolución en el perfil" del niño o adolescente. Así, aunque la víctima sigue siendo "mayoritariamente" la madre, cada vez hay "mayor equiparación" entre maltratadores hijos e hijas.

Además, se trata de un tipo de criminalidad que tiene peculiaridades, pues según señala Conde-Pumpido en la instrucción, suelen ser "adolescentes cuyos padres sienten la imposibilidad absoluta de enfrentarse a las situaciones que se han generado y que pasan de comportamientos desobedientes a comportamientos claramente agresivos y violentos" contra ellos, ya que la mayoría circunscriben estas conductas al ámbito de sus parientes.

Absentismo y falta de disciplina

Conde-Pumpido destaca que son "frecuentes" las denuncias de padres contra sus hijos por problemas conductuales como el absentismo escolar o la falta absoluta de disciplina en el hogar. Igualmente, son habituales las peticiones de orientación por parte de progenitores que no quieren judicializar el caso pero necesitan ayuda y pide que se discriminen estos casos respecto de aquellos donde ya existe maltrato.

El Fiscal explica que estos supuestos permitían la intervención del sistema de reforma en los modelos tutelares, que fueron "desterrados definitivamente" de la justicia juvenil en España y recomienda por ello que se deriven los casos a las instituciones de protección de menores.

Además, apuesta por la intervención terapéutica, ya que en las primeras fases puede evitar las actuaciones "siempre más traumáticas" del sistema judicial.

"Por ello, cuando un menor de edad inferior a los 14 años sea denunciado por la comisión de estos hechos, ha de tenerse en cuenta que, pese a la exención legal de responsabilidad penal, puede concurrir un importante factor de riesgo que debe atenderse desde el sistema de protección", indica. Sin embargo, explica que no se debe archivar el caso sin informar a los padres sobre los programas extrajudiciales disponibles.