El nuevo programa, que se pondrá en marcha a finales de año, se restringe a implicados en desahucios y exigirá que los edificios de más de 40 años hayan pasado la "ITV"La Consejería de Fomento y Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico dará un giro social a su política de alquiler con la puesta en marcha en los últimos meses del año de un nuevo programa que ofrecerá viviendas de 90 metros cuadrados por un máximo de 473 euros al mes a aquellos que tengan ingresos superiores a 7.455,14 euros anuales e inferiores a 48.458,41 euros. A este plan, que aspira a formalizar más de un millar de contratos al año, podrán acogerse los dueños de viviendas vacías situadas en localidades de 5.000 o más habitantes. Esta nueva estrategia, según informaron fuentes del departamento que dirige Antonio Silván, permite flexibilizar los requisitos exigidos a las familias o arrendatarios para que puedan acceder personas con menores ingresos. Para ello, se rebaja la cantidad mínima en 3.727 euros, situándola en el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Por lo tanto, será suficiente justificar una renta mensual de 532,05 euros (14 pagas) para poder alquilar una vivienda dentro de este plan. Estos datos sobre la situación económica de los potenciales inquilinos, que revisará el Gobierno regional, se convertirá en una nueva garantía para los arrendadores y servirán para que la vivienda se ajuste a la capacidad económica de sus moradores. Para estudiar cada caso, el Ejecutivo autonómico exigirá que los nuevos inquilinos se hayan inscrito en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León, que discrimina entre compra y alquiler. Además, los futuros arrendatarios no podrán ser titulares de ninguna vivienda, ni haber estado implicados en procesos de desahucio por falta de pago. También, se restringirá el acceso a los que hayan causado graves desperfectos en alguna de las viviendas del programa autonómico de alquiler. Otra de las novedades que presenta la iniciativa de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente será la renta máxima marcada para las viviendas, que establecerá el Gobierno autonómico. Ésta no podrá exceder del 80 por ciento del valor de referencia del alquiler de una vivienda protegida durante diez años en un determinado municipio. Por tanto, los alquileres oscilarán, como máximo, entre los 473,04 en las ciudades de Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid; los 418,32 de Ávila, León, Palencia, Miranda de Ebro y San Andrés del Rabanedo, y los 400,32 de las localidades de Soria, Zamora, Aranda de Duero, Laguna de Duero y Ponferrada. Relación directa. Fomento, por tanto, introducirá modificaciones sustanciales respecto a los anteriores Revival (Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler) y Bolsa de Alquiler de Jóvenes, puesto en marcha en las ciudades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. En el proyecto de decreto del nuevo programa, apuesta por la relación directa entre propietarios e inquilinos y no por la cesión al Ejecutivo regional de las viviendas vacías para su salida al mercado del alquiler. No obstante, la Administración autonómica se encargará, además, de supervisar todo el proceso de arrendamiento para dar seguridad a las dos partes. De esta forma, se acaba con los contratos que suscribían durante cinco años Provilsa y los dueños de pisos. Ahora, las viviendas formarán parte de la oferta del Gobierno autonómico hasta que se alquilen, durante un plazo máximo, según consta en la iniciativa, de dos años, transcurrido el cual, serán dadas de baja. Aunque se exigirá una superficie máxima de 90 metros cuadrados útiles, se deja la puerta abierta a otras mayores si existe demanda por parte de familias numerosas. También, la Junta de Castilla y León examinará las condiciones de uso y habitabilidad de las viviendas, pudiendo estar amuebladas o sin amueblar. Además, las que formen parte de edificios de más de 40 años deberán haber pasado la ‘ITV’ o inspección técnica de edificios, una revisión cuya base legal está siendo reformada. Proceso. Los propietarios de viviendas que deseen contar con el apoyo del Gobierno autonómico tendrán que remitir a la Dirección General de Vivienda y Urbanismo la solicitud para que el piso o la casa sean inscritos en el programa de Fomento del Alquiler. La Administración regional tendrá tres meses para atender su petición y examinar la documentación presentada que acredite la titularidad de la vivienda. Posteriormente, fijará el importe máximo de la renta y lo comunicará, dando un plazo de diez días para que sea aceptado, tal y como se recoge en este nuevo programa. A continuación, la Junta cerrará el proceso de inscripción y publicará en la web del programa los datos de la vivienda, el importe máximo del alquiler y unas fotografías que ilustren su estado y localización. Los interesados en las viviendas deberán ponerse en contacto con la Junta, quien facilitará el teléfono de contacto del propietario para que puedan visitarlas. Acordado el arrendamiento, las partes se lo comunicarán a Fomento para autorizar la firma del contrato, según el modelo que establezca el Ejecutivo autonómico. El nuevo programa determina la obligación del inquilino de entregar una fianza y de asumir el pago de los gastos correspondientes a suministros y servicios, así como al alta y la baja de esas compañías. Por el contrario, establece que serán por cuenta del propietario el pago de la cuota de la comunidad de propietarios, del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI).