Cáritas considera que las medidas urgentes en materia de empleo agrario contempladas en el Real Decreto-ley 13/2020 de 7 de abril en el marco de la emergencia social generada por el coronavirus ofrecen una respuesta limitada e insuficiente, tanto para las necesidades reales de los trabajadores más vulnerables de un sector ya de por sí precarizado como para paliar la realidad social de las personas que viven en los asentamientos.